El Ministerio del Interior ha reconocido que las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil acumulan en total 20.225 vacantes, como consecuencia de las restricciones de la oferta de empleo público motivadas por la crisis económica. El nuevo titular del departamento, Juan Ignacio Zoido, se ha mostrado confiado este miércoles pasado en el Congreso de los Diputados en que las limitaciones se vayan relajando y en próximas anualidades se puedan cubrir todas las plazas.
Las cifras concretas las ha revelado el portavoz del PSOE en la comisión de Interior, Antonio Trevín, durante la comparecencia en la que Zoido ha diseccionado las prioridades de su gestión y ha tendido la mano al resto de grupos para retocar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -bautizada por la oposición como ley mordaza- pero no para derogarla.
Trevín ha precisado que, según la “contestación reciente” que le ha dado el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional hay 12.715 vacantes y 7.510 en la Guardia Civil, lo que supera las 20.000 plazas que no se han cubierto en los últimos como consecuencia de la congelación de empleo público por la crisis. En los últimos años, Interior sólo ha podido convocar plazas para cubrir el 10% de la tasa de reposición de ambos cuerpos, lo que ha impedido ocupar todas las bajas que se han ido registrando como consecuencia de fallecimientos y jubilaciones.
El número de vacantes es ligeramente superior si se toma como base el Boletín Estadístico al servicio de las Administraciones Públicas, que, con datos referidos a enero de 2016, cifraba en 77.188 las plazas que integran la Policía Nacional y 11.347 estaban sin cubrir. La Guardia Civil, ha relatado el diputado socialista, cuenta con 85.359 plazas, de las que 9.610 se encuentran vacantes. Ello suma 20.957.
“Hoy hay en España unos 20.000 efectivos menos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hace cinco años. Me gustaría precisarle más el dato, pero ustedes lo guardan bajo siete llaves. Pueden que lo hayan catalogado como secreto de Estado o sencillamente pueden que no sepan muy bien cómo andan las cosas”, ha señalado Trevín.
Respondiendo en términos relativos, Zoido ha reconocido que la tasa de ocupación actual en la Policía Nacional es del 82,9% y del 87,2% en la Guardia Civil, lo que arroja una media del 85,2%. Expresado de otra forma, 15 de cada 100 plazas en cada cuerpo no se han cubierto tras quedar libres. El ministro ha justificado esta situación por la nula o baja tasa de reposición autorizada durante la crisis, confiando en que aumente ese porcentaje y en próximos años se puedan cubrir todas las bajas.
El parlamentario socialista se ha referido a la reducción de efectivos como parte de la “pesada hipoteca” que ha dejado Jorge Fernández Díaz a su sucesor, en el cargo desde finales de octubre. Trevín ha recordado que a la falta de policías nacionales y guardias civiles se suman otras dos circunstancias que agravan el problema. De un lado, el hecho de “más de 5.000” agentes estén realizando tareas administrativas en lugar de llevar a cabo labores de seguridad.
Y, en segundo lugar, la disminución de funcionarios en la calle que ha supuesto la implantación de la jornada laboral. La nueva regulación horaria, que entró en vigor el pasado 1 de abril tras la advertencia de la Comisión Europea a raíz de la denuncia interpuesta por un funcionario policial, busca garantizar un descanso mínimo de 11 horas cada 24 antes de que se realice otro servicio.
La principal novedad es la supresión del conocido como turno africano y la habilitación de uno nuevo (el conocido como ‘quinto y medio’), que trae como consecuencia práctica que un agente a turnos rotatorios realice 15 servicios menos al año para que pueda cumplirse el citado descanso entre un servicio y otro.
El hecho de que la jornada laboral no se esté aplicando en algunas unidades especializadas llevó al Sindicato Unificado de Policía (SUP) a formular el pasado 30 de noviembre declaración de conflicto colectivo. Esta organización ha pedido la convocatoria urgente de un pleno extraordinario del Consejo de Policía, bajo la presidencia del ministro del Interior, cuyo único punto en el orden del día sea la “mediación y conciliación del conflicto colectivo declarado”.
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